Por qué el Outsourcing es Actividad Vulnerable

Octubre 24, 2016.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como finalidad que quienes realicen las Actividades Vulnerables aporten información útil a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que ésta autoridad investigue si los recursos que se utilizan son de origen lícito.

El articulo 17, fracción XI, inciso b) de la LFPIORPI establece que la prestación de servicios profesionales de manera independiente, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo, se considera Actividad Vulnerable.

El 21 de Octubre de 2016, en ejercicio de sus atribuciones legales, la UIF publicó la interpretación del precepto legal mencionado, señalando que los servicios de subcontratación (outsourcing) encuadran en la actividad vulnerable señalada en el párrafo anterior.

Esto significa que quienes prestan servicios de subcontratación (outsourcing) deben identificar a sus clientes y presentar avisos ante la UIF para reportar las operaciones que celebran, a fin de que la autoridad tenga información de quiénes están utilizando estos servicios y pueda analizar si se trata de un esquema apegado a la Ley en el que se cubren los salarios reales a los trabajadores y se enteran las contribuciones que corresponden, o por el contrario se trata de un esquema de evasión fiscal que genera recursos de procedencia ilícita.

Recordemos que son recursos de procedencia ilícita los siguientes:

  1. Aquellos que no se declaran fiscalmente, y
  2. Aquellos que se declaran bajo conceptos que supuestamente son exentos o que tienen una menor carga contributiva, pero que no coinciden con su verdadero origen, por ejemplo, darle tratamiento de asimilados a salarios a ingresos que tienen otro concepto, darle tratamiento de previsión social a ingresos que deberían ser gravados, etc.

Quienes contratan servicios de outsourcing deben hacerlo sólo si el esquema se ajusta a lo previsto en los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo, porque si se utiliza el outsourcing como supuesta estrategia fiscal para reducir la carga tributaria, se trata de un esquema de evasión fiscal y de lavado de dinero, que la autoridad detecta fácilmente.

Quienes han contratado servicios de outsourcing que no se ajustan a lo previsto en los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo, necesitan asesoría fiscal especializada que resuelva el problema antes que la autoridad realice cualquier gestión tendiente a revisarlo, y así evitar poner en riesgo su dinero, su negocio, su patrimonio y su libertad, pues estas conductas darán lugar a la determinación de revisiones fiscales, créditos fiscales, aseguramientos, embargos, querellas por defraudación fiscal, denuncias por lavado de dinero, etc.

Quienes prestan servicios de subcontratación (outsourcing) deben cumplir con la Ley Federal del Trabajo y con la LFPIORPI, pues para la autoridad hay probabilidades de que a través de esos esquemas se están manejando recursos con fines de evasión fiscal, y la intención es investigarlos y denunciarlos como lavado de dinero. Pero además, les pueden imponer las sanciones previstas en la LFPIORPI (multas de 200 a 65,000 UMAs).

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